Alerta en el campo: CRA aclara el marco legal de las inspecciones ante el convenio de UATRE con VISEC

La confederación recordó que, por ley, los delegados sindicales solo pueden actuar como veedores y acompañados por inspectores estatales, rechazando los controles privados autónomos.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) encendió las alarmas en el sector agropecuario al advertir a los productores sobre los alcances del reciente acuerdo firmado entre la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la plataforma de certificación VISEC. Según la entidad, el convenio contempla el ingreso de representantes sindicales a los establecimientos rurales para verificar el cumplimiento de la legislación laboral, una medida que consideran que excede el marco legal vigente si se realiza de forma autónoma.
En un comunicado gremial, CRA calificó como "fundamental" que los productores conozcan en detalle las condiciones del sistema antes de adherirse, especialmente en lo que respecta a si estas condiciones implican autorizar visitas sindicales sin la intervención de los organismos públicos competentes.
Desde la dirigencia rural recordaron que la normativa argentina es estricta sobre los procedimientos de control laboral. De acuerdo con el artículo 43 de la Ley de Asociaciones Sindicales (N° 23.551) y el artículo 26 de su Decreto Reglamentario 467/88, los delegados sindicales deben actuar obligatoriamente acompañados por inspectores de la autoridad de aplicación (como el Ministerio de Trabajo) y exclusivamente en carácter de veedores.
"La adhesión voluntaria a una plataforma privada de certificación no constituye una obligación legal de habilitar inspecciones sindicales autónomas", enfatizó CRA, diferenciando los compromisos comerciales o de certificación de las obligaciones normativas del Estado.
Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso histórico con el trabajo registrado y el cumplimiento de la legislación laboral en el campo. Sin embargo, sostuvieron de manera tajante que cualquier mecanismo privado de certificación debe respetar las competencias, los procedimientos y las garantías constitucionales ya establecidos por las leyes de la Nación.